Fecha de interpelación: 1 de agosto de 2022 – Santiago, Chile
En una acalorada sesión en la Cámara de Diputados, la ministra de Salud, María Begoña Yarza Sáez, enfrentó una interpelación por su gestión en temas críticos como la atención en salud pública, las listas de espera quirúrgica, y el manejo de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, uno de los temas más controversiales fue la falta de transparencia en los contratos de adquisición de vacunas, lo que generó intensos cuestionamientos por parte de los parlamentarios.
Principales puntos de la interpelación
Durante la sesión, los diputados abordaron temas prioritarios, destacando:
01. Listas de espera: Los parlamentarios denunciaron un estancamiento en la resolución de las largas listas de espera quirúrgica y diagnóstica, agravadas tras la pandemia. Se criticó la falta de cifras claras y acciones concretas para enfrentar esta problemática.
02. Transparencia en el uso de fondos públicos: Se cuestionó el manejo financiero de programas clave en salud, señalando una aparente falta de control y priorización de recursos.
03. Compra de servicios privados: La oposición planteó dudas sobre la efectividad de la contratación de clínicas privadas para reducir las listas de espera, argumentando que debilita el sistema público.
04. Vacunación y manejo de pandemias: La falta de claridad sobre los contratos de vacunas fue señalada como una de las mayores preocupaciones, generando sospechas sobre posibles irregularidades.
El foco en los contratos de vacunas
El debate en torno a los contratos de adquisición de vacunas marcó uno de los momentos más tensos de la interpelación. Los diputados solicitaron respuestas precisas sobre los términos financieros y legales de los acuerdos firmados, tanto por la administración actual como por el gobierno anterior.
Confidencialidad de los contratos
Uno de los puntos más críticos fue la inclusión de cláusulas de confidencialidad que impiden el acceso público a información detallada. La ministra argumentó que estas restricciones son comunes a nivel global y fueron impuestas por los laboratorios. Sin embargo, los parlamentarios cuestionaron si estas condiciones eran estrictamente necesarias o si podrían haberse negociado acuerdos más transparentes.
Costos y posibles sobreprecios
La Cámara exigió cifras específicas sobre cuánto pagó Chile por cada dosis y cómo estos costos se comparan con otros países de la región. Se plantearon sospechas de sobrecostos y se pidió a la ministra aclarar si hubo un análisis exhaustivo para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.
Cláusulas polémicas
Los contratos habrían incluido cláusulas que eximen de responsabilidad a los laboratorios por posibles efectos adversos de las vacunas. Además, los diputados criticaron la falta de penalizaciones claras en caso de incumplimientos o retrasos en las entregas.
Renegociaciones en la actual administración
Los parlamentarios también indagaron sobre posibles renegociaciones de contratos realizadas bajo la gestión de Yarza. La ministra evitó profundizar en este tema, lo que dejó abiertas dudas sobre si los cambios fueron beneficiosos para el país.
Falta de supervisión externa
Se cuestionó si la Contraloría General de la República había revisado estos contratos y si existieron informes que identificaran posibles irregularidades. Ante estas preguntas, la ministra no entregó respuestas concluyentes.
Preparación para futuras pandemias
Otro punto discutido fue cómo el ministerio está aprendiendo de la experiencia con COVID-19 para preparar al país ante futuras crisis sanitarias. Los diputados exigieron la elaboración de un plan detallado que incluya mejoras en la infraestructura, personal capacitado y reservas estratégicas de vacunas e insumos médicos.
Reacciones y conclusiones
Los parlamentarios de oposición consideraron las respuestas de la ministra como insuficientes y evasivas, especialmente en lo relacionado con los contratos de vacunas. Por su parte, Yarza defendió la gestión del gobierno, destacando la importancia de priorizar la salud pública sobre las exigencias administrativas.
“Es imperativo que el Ministerio de Salud sea completamente transparente respecto a estos acuerdos, ya que comprometen fondos públicos y la confianza ciudadana”, afirmó una de las diputadas interpelantes.
El debate en torno a los contratos continuará siendo un tema delicado, con posibles nuevas fiscalizaciones y solicitudes de información en las próximas semanas.
Preguntas claves que debieron abordar y que no se realizaron en la interpelación:
Sobre los Contratos de Vacunas
01. Cláusulas de confidencialidad:
¿Por qué el ministerio aceptó cláusulas de confidencialidad en los contratos con laboratorios, considerando que estos acuerdos implican un uso masivo de fondos públicos? ¿Se exploraron alternativas para evitar estas restricciones?
02. Costos y negociaciones:
¿Cuánto pagó Chile por cada dosis adquirida, y cómo estos valores se comparan con los precios que pagaron otros países de la región? ¿Hubo evidencia de sobrecostos o condiciones menos favorables?
03. Transparencia y fiscalización:
¿Se ha permitido a la Contraloría General de la República revisar y fiscalizar cada uno de estos contratos? En caso de que no, ¿qué razones justifican la falta de supervisión externa en acuerdos de tal magnitud?
04. Renegociaciones:
Durante su gestión, ¿se renegociaron contratos firmados por el gobierno anterior? Si es así, ¿qué condiciones se modificaron y cuál fue el impacto financiero de esas decisiones?
05. Garantías de entrega:
En los contratos firmados, ¿se incluyeron sanciones para los laboratorios en caso de retrasos en la entrega? ¿Chile enfrentó incumplimientos, y cómo fueron manejados?
06. Responsabilidad del Estado y laboratorios:
¿Por qué se aceptaron cláusulas que eximen de responsabilidad a los laboratorios en caso de efectos adversos graves? ¿Considera que estas disposiciones fueron favorables para la ciudadanía?
Sobre la Gestión de las Vacunas
07. Distribución y cobertura:
Según las cifras actualizadas, ¿cuántas vacunas adquiridas permanecen almacenadas y no se han utilizado? ¿Qué medidas están tomando para evitar que estas dosis caduquen y se pierdan recursos públicos?
08. Estrategia regional:
¿Por qué existen regiones con menores coberturas de vacunación en comparación con otras? ¿Qué estrategias concretas se implementarán para garantizar la equidad en la distribución?
Preparación para Futuras Pandemias
09. Planes a futuro:
Después de la experiencia de COVID-19, ¿qué protocolos y acuerdos prevé implementar el ministerio para evitar errores o sobrecostos en futuras crisis sanitarias? ¿Se están planificando contratos marco o reservas estratégicas?
10. Lecciones aprendidas:
¿Qué lecciones específicas se extrajeron de los contratos firmados durante la pandemia, y cómo planean garantizar mejores condiciones contractuales en el futuro?
Sobre Posibles Irregularidades
11. Conflictos de interés:
¿Existen antecedentes de funcionarios públicos involucrados en las negociaciones de contratos que hayan tenido vínculos previos con los laboratorios contratados? ¿Qué medidas de transparencia se implementaron para prevenir estas situaciones?
12. Falta de acceso público:
¿Por qué el ministerio no ha publicado los detalles no confidenciales de los contratos? ¿Está dispuesta a solicitar a los laboratorios autorización para divulgar esta información, dado el interés público?
Sobre la confidencialidad de los contratos y el interés público
01. Balance entre confidencialidad y transparencia:
Entendiendo que las cláusulas de confidencialidad pueden proteger ciertos aspectos comerciales, ¿cómo justifica su decisión de priorizar estos acuerdos por encima del derecho de la ciudadanía a conocer cómo se están utilizando los fondos públicos, especialmente en un tema tan sensible como la salud?
02. Ejemplos internacionales:
Países como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea han hecho públicos aspectos de contratos similares, incluso bajo acuerdos comerciales. ¿Qué diferencia hubo en el proceso de negociación de Chile que impide alcanzar un equilibrio entre confidencialidad y transparencia?
03. Amparo legal:
Si la confidencialidad es obligatoria, ¿solicitó su ministerio un dictamen a la Contraloría para determinar hasta dónde puede revelarse información sin infringir las cláusulas? Si no lo hizo, ¿por qué?
Sobre el contenido de los contratos
04. Generalidades no confidenciales:
Aunque las cláusulas específicas puedan estar protegidas, ¿por qué no se han publicado datos generales como el costo total invertido, el número de dosis compradas o las fechas de entrega previstas?
05. Condiciones de negociación:
¿Específicamente qué términos comerciales se negocian con mayor confidencialidad? ¿Es solo el precio de las dosis, o hay otros factores, como indemnizaciones o exclusividades, que comprometen al Estado?
Sobre posibles conflictos de interés
06. Evaluación independiente:
¿Por qué no se permite a la Contraloría o a organismos independientes revisar el contenido completo de los contratos para garantizar que no hay compromisos que puedan ser perjudiciales para el país?
07. Responsabilidad en la confidencialidad:
¿La confidencialidad es una condición solicitada exclusivamente por los laboratorios, o el Ministerio de Salud también la impuso para evitar cuestionamientos públicos?
Sobre la posición del Estado
08. Poder de negociación:
Chile fue uno de los primeros países en adquirir vacunas en América Latina. Si estábamos en una posición ventajosa de negociación, ¿por qué no se exigió a los laboratorios términos más flexibles en cuanto a transparencia?
09. Beneficio a laboratorios:
¿Considera que aceptar cláusulas de confidencialidad en contratos financiados con recursos públicos favorece más a las farmacéuticas que al interés de la ciudadanía?
Sobre el futuro
10. Renegociación de confidencialidad:
Dado que la fase crítica de la pandemia ha pasado y estos contratos ya están ejecutados, ¿está dispuesta a renegociar con los laboratorios para que autoricen la divulgación de términos clave? Si no, ¿por qué?
11. Lecciones aprendidas:
¿Qué cambios implementará el ministerio para futuros contratos de emergencia sanitaria, asegurando que haya más transparencia sin comprometer las negociaciones?
Sobre las cláusulas en los contratos de vacunas
El tema de las cláusulas en los contratos de vacunas que eximen de responsabilidad a los laboratorios por posibles efectos adversos ha sido una controversia en muchos países, incluido Chile. Este punto surge de las condiciones que los fabricantes de vacunas han establecido con los gobiernos en medio de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
Contexto Internacional
Motivo de las cláusulas de exención de responsabilidad:
Durante la pandemia, los laboratorios desarrollaron las vacunas a una velocidad sin precedentes. En este proceso, muchas de las fases tradicionales de desarrollo y pruebas se realizaron de forma acelerada o simultánea.
Los laboratorios, conscientes de los posibles riesgos inherentes a esta velocidad, incluyeron cláusulas en los contratos que los eximían de responsabilidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas, trasladando dicha carga a los gobiernos que adquirían las dosis.
Práctica común:
Este tipo de cláusulas se incluyeron en contratos en todo el mundo. Países como Estados Unidos, Brasil y varios miembros de la Unión Europea firmaron acuerdos similares con laboratorios como Pfizer, AstraZeneca y Moderna.
Los laboratorios justificaron estas cláusulas como una condición para garantizar la distribución masiva de vacunas en tiempo récord, asegurando que asumir los riesgos legales podría paralizar el desarrollo y entrega.
El caso en Chile
Exención en contratos de vacunas:
Según lo planteado en la interpelación, los contratos firmados por Chile también habrían contenido cláusulas similares, eximiendo a los laboratorios de cualquier responsabilidad por efectos adversos graves asociados a las vacunas.
Esto implicaría que, en caso de reacciones adversas severas, el Estado sería responsable de indemnizar a los afectados, y no las empresas farmacéuticas.
Impacto en la ciudadanía:
Este tipo de acuerdos puede generar dudas en la población sobre la seguridad de las vacunas, ya que crea la percepción de que los laboratorios no están totalmente seguros de sus productos.
Sin embargo, es importante aclarar que las vacunas aprobadas y distribuidas en Chile (y en otros países) pasaron por evaluaciones rigurosas de agencias regulatorias como el Instituto de Salud Pública (ISP).
Preguntas pendientes en la interpelación
Durante la sesión, los parlamentarios destacaron varios puntos críticos relacionados con este tema, que quedaron sin respuestas concluyentes:
¿Qué alternativas se consideraron?
Se cuestionó si el gobierno negoció la eliminación de estas cláusulas o si simplemente las aceptó como estándar sin intentar proteger mejor los intereses del país.
¿Cuál es el alcance de las cláusulas?
No se especificó si las exenciones de responsabilidad aplican únicamente a efectos adversos conocidos y predecibles, o también incluyen reacciones inesperadas a largo plazo.
¿Qué respaldo tiene el Estado?
Los diputados preguntaron si el gobierno estableció algún fondo de compensación para indemnizar a quienes pudieran sufrir efectos adversos graves, y si se realizó una estimación del costo potencial de esta responsabilidad.
¿Qué medidas de control se implementaron?
También se plantearon dudas sobre cómo el Ministerio de Salud monitorea y reporta posibles efectos adversos, para garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.
Críticas y posibles consecuencias
Falta de transparencia:
La existencia de estas cláusulas puede dar la impresión de que el gobierno no defendió adecuadamente los intereses de la ciudadanía, especialmente al aceptar términos que colocan toda la carga sobre el Estado.
Precedente para futuros contratos:
Este tipo de acuerdos podría sentar un precedente problemático para futuras negociaciones en emergencias sanitarias, debilitando la posición de los gobiernos frente a grandes corporaciones.
Defensa de los laboratorios y gobiernos
Seguridad de las vacunas:
Las empresas farmacéuticas argumentan que las vacunas aprobadas han demostrado ser seguras y efectivas en estudios clínicos, y que estas cláusulas son solo una precaución legal frente a un entorno de incertidumbre.
Beneficio colectivo:
Los gobiernos, incluido Chile, justificaron estas cláusulas señalando que priorizaron el acceso rápido a las vacunas para proteger la salud pública, considerando que los riesgos eran mínimos en comparación con los beneficios.
El uso de cláusulas que eximen a los laboratorios de responsabilidad por efectos adversos es una práctica global, pero en Chile se ha cuestionado la falta de transparencia sobre el alcance de estos acuerdos. Aunque estas cláusulas pueden justificarse por la urgencia de la pandemia, plantean serios desafíos éticos y financieros para los gobiernos, que deben asumir los costos y las consecuencias legales. Este tema requiere un debate más amplio, no solo en el Congreso, sino también con la ciudadanía, para garantizar que las lecciones aprendidas se apliquen en futuras crisis.